La Modernizacion y el Militarismo en Uruguay (1876-1886)

La Modernización es un concepto que engloba el período de militarismo que comienza en 1876, tras un caos político presidido por la Revolución de las Lanzas de Timoteo Aparicio, y finaliza en el siglo XX con las reformas impulsadas por José Batlle y Ordóñez.

El 10 de marzo de 1876 se efectuó una amplia reunión de comerciantes, hacendados y extranjeros residentes que ante la acefalía en el poder y las graves crisis que enfrentaba el país, debido en gran parte a la inoperancia de los gobiernos democráticos decidieron ofrecerle el poder al Ministro de Guerra Coronel Lorenzo Latorre. Éste aceptó y tomó el poder como “gobernador provisorio”.

Los objetivos principales del régimen latorrista fueron el logro de la paz interna y el orden (en la campaña, sobre todo) y la afirmación del derecho a la propiedad privada.

El militarismo significó desde el ángulo político, la sustitución de las banderías tradicionales (blancos y colorados), por el gobierno de los grupos de presión más fuertes en lo económico(como el alto comercio, la clase alta rural y los inversionistas extranjeros) , aliados al grupo de presión en el poder real: el ejército. 

Latorre se basó en los progresos técnicos de la época, para consolidar la estabilidad política del país.

Los fusiles Mauser y Remington le dieron al ejército un poder incontrastable e inalcanzable para los revolucionarios por su costo. La importancia del telégrafo radica en la velocidad para transmitir información hasta los lugares más alejados de la capital. El ferrocarril permitió el rápido traslado de tropas, para sofocar las revoluciones.

También produjo una modernización del aparato jurídico sustituyendo a los alcaldes por jueces letrados departamentales. Simultáneamente se aprobaron los Códigos de Procedimiento Civil e Instrucción Criminal en 1878, así como el Código Rural y la creación del Registro de Embargos e Interdicciones. En 1879 se aprobó la Ley de Registro de Estado Civil, con la cual pasó a manos del Estado una función realizada hasta el momento por la Iglesia. Los juzgados de Paz, comenzaron a llevar cuatro registros: de nacimientos, de defunciones, de matrimonios y de reconocimientos y legitimaciones.

En materia económica y para mejorar las condiciones del campo, Latorre se cercioró de la consolidación del derecho de propiedad privada mediante el Código Rural de 1879, que establecía la medianería obligatoria, lo que le dio un enorme impulso al cercamiento de los campos. Estableció la Oficina General de Marcas y Señales en la que debía solicitarse las marcas de ganado para evitar repeticiones y fraudes y asegurar la propiedad del ganado. Otra medida que se implantó como ayuda para consolidar el orden interno en la campaña, fue la autorización dada a los grandes propietarios para establecer policía particular a cargo del comisario.

El alambre consolidó el régimen vigente de la propiedad de la tierra. En segundo término, eliminó al minifundista ganadero y provocó la primera desocupación en el país al eliminar el trabajo de muchos peones, agregados y puesteros. Esto provocó su concentración en los suburbios de los poblados, de ciudades del interior y en Montevideo, dando origen a lo que se empezó a conocer como rancheríos.

Una de las reformas más importantes durante el gobierno del Coronel Latorre fue la educativa, impulsada por José Pedro Varela. Segun este “La escuela es la base de la República; la educación, la condición indispensable de la ciudadanía. Todas las grandes necesidades de la democracia, todas las exigencias de la República, sólo tienen un medio posible de realización: educar; educar; siempre educar…”.

El decreto ley de la Enseñanza Común fue aprobado el 24 de agosto de 1877. Estableció tres principios básicos, que hasta hoy siguen presentes. La educación ha de ser: gratuita, obligatoria y laica. Los dos primeros principios pudieron ser llevados a cabo sin grandes dificultades. El freno estuvo en el aspecto de la laicidad. Entonces Varela propuso, como transición, que el catolicismo fuera enseñado a los alumnos cuyos padres así lo solicitaran.

 


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